En el transcurso de los años de su mando, Franco se esfuerza en mejorar, por etapas sucesivas, su sistema y en suavizarlo en ciertos puntos. El 14 de julio de 1945, las Cortes aprueban el Fuero de los Españoles, que define los derechos y los deberes del pueblo. El 27 de octubre se promulga una ley que establece el recurso al referéndum, cuando lo exija el interés nacional. Tres años después, la prensa recibe orden de no seguir llamando a Franco «el Caudillo», sino «el Jefe del Estado».
La Falange va perdiendo poco a poco algunas de sus atribuciones. El mismo año, Franco aborda por primera vez el problema dinástico y se declara partidario de la restauración de la monarquía, único régimen que puede suceder al suyo. Pero no fija plazo. Por último, el 31 de marzo de 1947 lanza un manifiesto declarando que España es un país católico y social constituido en reino, cuya presidencia asume él. El jefe del Estado es asistido por un Consejo del Reino compuesto principalmente por el presidente de las Cortes, el cardenal primado de España y el jefe del Alto Estado Mayor.
En caso de muerte o de incapacidad del actual Jefe del Estado, el Consejo del Reino y el gobierno reunidos designarán para la suprema jefatura del Estado a la persona de sangre real más calificada, que deberá ser aceptada por las dos terceras partes, como mínimo, de las Cortes. En caso de que ninguna personalidad respondiera a estas condiciones, podrá asumir la regencia la que, por sus capacidades, su prestigio y, eventualmente, por el apoyo de la nación, resultara más idónea. El 6 de julio de 1947 se somete a referéndum este manifiesto y queda aprobado por el 87 % de los votantes.
«Estado católico». Ya no cabe equívoco. Franco ha querido proclamar ante el mundo que el régimen que lleva su nombre es ante todo católico. El Movimiento, bajo el signo de la Cruz, se ha prolongado y transformado en sistema político imbuido de catolicismo. Para entender algo de la ideología del régimen hay que tener en cuenta este hecho esencial. La religión católica será la religión del Estado, pero no será sólo la religión del Estado: impregnará fuertemente los modos de expresión del pueblo español.
La España cristiana no será un mito ni un reino de leyenda, sino una realidad viva y actual. Muchos españoles, convencidos de que, sin la religión, no es posible ningún progreso moral o material, deplorarán con vehemencia la organización de aquellas sociedades modernas que tienden a reducir el ser humano a funciones puramente mecánicas, a quitar importancia a la «persona» en el sentido que le da la Compañía de Jesús.
Un artículo de la revista española Ecclesia se refiere con indignación a los incidentes ocurridos en Méjico entre estudiantes católicos y estudiantes no católicos de la Universidad de Méjico y a las palabras del rector afirmando que allí enseñan los fenómenos de la vida y de la naturaleza a la estricta luz de la ciencia. El cronista de Ecclesia añade: «Es decir, sin Dios.» Muy al contrario de lo que ocurre en España, donde, en todos los centros de enseñanza sean o no del Estado y en todos los órdenes y grados, es obligatoria la instrucción religiosa salvo para los no católicos, en ínfima minoría.
En uno de los discursos-programas de Franco, pronunciado en Santiago de Compostela, invita calurosamente a las familias españolas a cumplir las prácticas religiosas: oraciones, acciones de gracias y participación en las obras, para suscitar las vocaciones. Por lo demas, recién terminada la guerra civil, Franco dedica especial atención al clero, duramente castigado en la contienda.
El objetivo es doble: aumentar el número de sacerdotes y elevar el nivel cultural. Se construyen seminarios modernos en los que se conjuga lo útil con lo agradable, conciliando las exigencias de la fe con las comodidades materiales habitaciones individuales, jardines, campos de deportes. Los hay de dos clases: seminarios menores, equivalentes a los institutos de enseñanza media, y seminarios mayores, cuya enseñanza es equivalente a la universitaria.
Además de las subvenciones de que gozan los seminarios, el Estado subviene a una parte importante de los sueldos de los profesores. El esfuerzo del gobierno por incrementar las vocaciones sacerdotales es coronado por el éxito: el número de sacerdotes, 7.000 en 1934, asciende a 18.000 en 1952, lo que representa un aumento del 160 %. Sin embargo, no basta, dado el aumento de la población y las necesidades de las misiones españolas en la América hispánica, siempre florecientes.
El Dios del Estado español, ¿lo será también del pueblo? A este respecto conviene señalar la obra social que la Iglesia de España realiza a menudo en forma de iniciativas individuales. Utilizando al máximo sus medios de acción las Semanas Sociales, la Asociación Nacional de Propagandistas católicos, y, principalmente, la poderosa Acción Católica, la Iglesia se esfuerza por penetrar en el pueblo. Con este fin funda en Málaga una «Escuela Social Sacerdotal», destinada a formar sacerdotes populares. En la enseñanza que reciben estos futuros curas de aldea o de suburbio se da tanto espacio a las lenguas vivas, a la sociología y a la economía política como a las ciencias sagradas. Se estudian, se analizan, se discuten todas las doctrinas sociales sobre todo el marxismo y el comunismo. Además, también España tiene sus sacerdotes obreros, bajo la égida de la Hermandad de Cristo Trabajador.
La política de Franco en el terreno religioso culmina en la conclusión de un concordato, firmado el 27 de agosto de 1953, entre España y la Santa Sede. No se trata simplemente de una reanudación de relaciones diplomáticas con el Vaticano, sino de una «sistematización política de un régimen casi ideal de relaciones entre la Iglesia y el Estado, considerados una y otro como sociedades perfectas». El resume, precisa y completa todas las medidas tomadas por el gobierno de Franco a favor de la Iglesia, con el fin de asignar a ésta un lugar predominante en la España tradicionalmente católica. Regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado en materia de enseñanza, de jurisdicción y de finanzas, transforma la Acción Católica en una organización de laicos para el apostolado y otorga derechos a la Iglesia en lo que se refiere a conservación del patrimonio artístico nacional. Declara al catolicismo religión de Estado con derecho a una ayuda pecuniaria del gobierno. El Estado reconoce a la Iglesia pleno derecho a adquirir, poseer y explotar bienes propios, exentos, en gran parte, de impuestos. Se compromete a subvenir a las necesidades económicas de las diócesis que se creen y contribuye a los gastos ocasionados por la construcción o la restauración de los lugares destinados al culto y de los edificios dedicados a residencia de los prelados, a oficinas de la curia y a seminarios diocesanos. Además, el concordato fija leyes sobre el matrimonio, restituye a España sus privilegios sobre Santa María la Mayor e incluye el español entre las tres lenguas admitidas en la Sagrada Congregación de Ritos para las causas de beatificación y de canonización.
España es, pues, una nación oficial y ostensiblemente católica. ¿Cuál es su actitud frente a los no católicos? Los grupos religiosos oficialmente no católicos que viven en España representan pequeñas minorías: veinte mil protestantes, la mitad de los cuales son extranjeros, o sea un 0,072 % en total y un 0,036 % de españoles; 7.500 judíos sefardíes y unos cuantos musulmanes. A pesar de sus vinculaciones ideológicas con los países «fascistas», doctrinalmente antisemitas, España no manifiesta ninguna hostilidad contra los judíos.
Por el contrario, en los años de persecución racial encontraron ayuda y protección por parte del gobierno de Franco y de sus representantes, tanto en España como en el extranjero donde había colonias sefardíes de muy antigua estirpe española. La actitud de España ante los judíos ha sido cada vez más tolerante y caritativa.
Cuando el delegado de Israel en la ONU votó contra la admisión de España, fundándose en el hecho de que este país era el último representante de un régimen responsable de los pogroms, el gobierno español presentó un informe señalando sus múltiples intervenciones cerca de las autoridades nazis para salvar de la muerte a miles de judíos sefardíes. En todo caso, los judíos tienen plena libertad para practicar su culto en las sinagogas, y el gobierno presta su apoyo al Centro de Estudios Hebraicos.
