La sociedad española no es «una», sino varia. Tampoco se habría examinado aquí de otra forma que desde su perspectiva histórica.
¿Cómo ha evolucionado la sociedad española desde el fin de la guerra civil hasta el año 1964, que es el de la conmemoración por el Régimen de los «25 años de paz» y el de la puesta en vigor del Plan de Desarrollo? Sin duda, a lo largo de este cuarto de siglo se han conseguido muchos objetivos. Pero la sociedad ha reaccionado de diversa manera frente al proceso histórico, según sus estamentos.
La situación de los españoles es todavía desigual. Al hallarse la riqueza nacional muy desigualmente repartida, se crea un notable desequilibrio. Mientras tanto, el progreso económico ha significado un mayor bienestar para todos los españoles. En 1969, la renta nacional por habitante fue de 738 dólares, algo más del 6 % que en 1964, hasta conseguir los 1.000 dólares en 1972. La clase obrera se ha beneficiado del desarrollo y ha accedido a la sociedad de consumo.
El 53 % de los trabajadores es propietario del piso que habitan. Pero a menudo las condiciones de trabajo son muy duras y frecuentes las jornadas de 12 horas. Para muchos administrativos, el pluriempleo representa una necesidad insoslayable. En el campo, en ciertas regiones, el caciquismo y los latifundios perpetúan la pobreza de los campesinos. En contrapartida, se han podido modernizar los métodos y la maquinaria gracias a los enormes créditos otorgados. En cuanto a la enseñanza, se han creado poderosos institutos de investigación científica y muchos establecimientos para la enseñanza básica, la de adultos y la formación profesional.
En 1970, el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia representaba el 14,7 % del presupuesto total del Estado. Si bien todavía el índice de analfabetismo es de un 7 %, se han realizado durante estos veinticinco años notables progresos en el doble aspecto del nivel de vida y en el de la formación pedagógica. Una nueva clase, formada por artesanos, obreros especializados, pequeños comerciantes y funcionarios, una verdadera clase «media» que tanto se echaba en falta en España, está en trance de situarse entre la clase «rica» y la «pobre». La campaña contra el analfabetismo está en su apogeo. En resumen, parece que ceden las viejas barreras entre las distintas «clases».
Además, la prensa está menos controlada, las publicaciones son más variadas, y la crítica se crece. Se pregunta y al mismo tiempo se autoanaliza. Lo mismo en cuanto a las lenguas vernáculas. ¿No manifestó en un discurso pronunciado en Barcelona el ministro de Información y Turismo que la lengua y la cultura catalanas tenían derecho a figurar en el concierto nacional y que se las estimularía? Está fuera de toda duda que la influencia de Europa no es ajena al nacimiento de estos síntomas de liberalización. Tal es la situación en España alrededor del año 1964.
Mientras tanto, y después de la amnistía general que abría las puertas de España a los exiliados de la guerra civil y borraba los «actos cometidos» durante las hostilidades, la liberalización ha sido más intermitente que progresiva. A saltos y no gradual. Un puño que alternativamente se cierra o extiende la mano. Así, para preservar al mundo universitario español de los sucesos ocurridos en París en mayo de 1968, y su propagación a los ambientes obreros, el gobierno decretó el estado de excepción el 24 de enero de 1969 y lo levantó el 21 de marzo del mismo año. También a cada aparición del «terrorismo» opondrá un endurecimiento de actitud.
Recientemente se han observado diversos síntomas que parecen anunciar una «liberalización» de la Iglesia española. Aunque afirmando firmemente su catolicidad, desde hace algún tiempo el Estado español se muestra comprensivo frente a los no católicos, o sea a los que pertenecen a otras confesiones religiosas o simplemente son indiferentes. Cabe destacar la conferencia pronunciada en el Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por monseñor Cantero sobre «La libertad religiosa en la actual organización jurídica de España».
Conviene citar algunos párrafos que se apartan del tono habitual de muchas homilías de los obispos españoles. «Ni España ni la Iglesia en España son, no pueden, ni deben ser una isla herméticamente cerrada a las auténticas exigencias del bien común universal…
En España, la proclamación de la catolicidad del Estado es un condicionamiento civil que en modo alguno transforma al Estado español en una institución sacra, ni enfeuda la Iglesia al Estado, ni el Estado a la Iglesia, ni se absorbe la fe y la vida religiosa de los ciudadanos españoles en la religión oficial del Estado, ni se impone a los ciudadanos un credo o una verdad religiosa, ni se exige la observancia y las prácticas del culto católico a los ciudadanos católicos o a los no católicos.» He aquí una declaración de principios. favorable a los futuros contactos ecuménicos entre católicos y no católicos, cuanto más después que se ha visto corroborado por los textos legislativos.
Es harto patente que la apertura del Concilio, en 1962, y sus decretos han cambiado la fisonomía de la Iglesia española. El documento sobre las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política, publicado en 1973 por la Conferencia Episcopal Española, postula la independencia de la Iglesia frente al Estado confesional.
