La Primera República Española

0
24

En sus dos años de reinado, Amadeo no deja de preguntarse qué es lo que hace él en el trono de España. Los dos partidos que le llamaron el progresista y el moderado están gastados y tienen cada vez menos influencia, mientras que los partidos extremos republicanos y carlistas se reparten el favor popular.

Amadeo ha declarado que pretendía actuar como rey constitucional, es decir, como árbitro. «No imponerse», es la divisa de ese rey postizo, del que Pi y Margall decía que tenía la cualidad de no ser ni parecer ambicioso. La verdad es que nunca la monarquía española fue tan poco representativa como en tiempos de Amadeo. Las recepciones en palacio son raras y sin lujo. Ese italiano tiene maneras y costumbres de pequeño burgués. Economiza las velas y prodiga las reverencias. La aristocracia tan puntillosa en cuestiones de protocolo le desprecia y el pueblo se burla de él. Y, sin embargo, en el fondo, no es ni despreciable ni ridículo.

Nada más llegar a Madrid, comprende que no es capaz de resolver los graves problemas de España. Oye el rugir de la gran cólera del pueblo y sabe bien que exige medidas mucho más radicales que las que le propone su gobierno: secularización de los cementerios o incautación por el Estado de los objetos de arte religioso. Pero Amadeo, aunque liberal y de espíritu bastante amplio, no es hombre de iniciativas revolucionarias. Es un rey de transición, y ese papel le basta, no desea otro. Es sincero cuando, al felicitar al arquitecto de palacio por sus obras, añade: «Las continuará el año próximo, si todavía sigo aquí.»

Ya que no gobierna Amadeo, intentan gobernar sus ministros: Sagasta, Ruiz, Zorrilla y Serrano. No sin trabajo. Por lo pronto hay que apagar una llamarada carlista. El mérito le corresponde a Serrano, el cual obliga a las tropas de don Carlos, que habían llegado hasta Navarra, a volver a pasar la frontera. Es el único mérito que hay que abonar en el activo del gobierno de Amadeo. Sagasta, comprometido en un asunto de corrupción electoral, se ve obligado at dimitir. Hay un atentado contra el rey. El ejército se alborota. Las Cortes intentan legislar, pero el espíritu de partido se impone al bien público.

Mientras tanto, el día de Navidad de 1872, se reúnen en el Teatro Moratín de Córdoba cuarenta y ocho delegados de la Federación Obrera Española. Ponen las bases de una organización obrera, de tipo sindicalista, cuyos miembros se agrupan por profesiones, con exclusión de toda tendencia política y religiosa. Esto es, unos meses antes del Congreso de La Haya, la carta misma del sindicalismo.

Después del congreso, se celebra un mitin público en el que se abordan problemas propiamente políticos. En esta ocasión, la Internacional proclama su adhesión al colectivismo y a la anarquía. Resulta, pues, que el sindicalismo y el anarquismo españoles han estado siempre, desde sus comienzos, estrechamente unidos. No serán los socialistas, sino los anarquistas quienes dirigirán en España los destinos de la clase obrera.

Un incidente de poca importancia en apariencia precipita la liquidación del régimen. Acaba de ser nombrado un nuevo ministro de la Guerra. A los oficiales de artillería no les gusta y deciden dimitir todos en bloque. El gobierno reacciona procediendo inmediatamente a sustituirlos. Pero resulta que los sustitutos tienen ideas republicanas. ¿No contaminarán el ejército? «Entonces, ¿quién defenderá el orden, la propiedad y la religión?», interrogan ansiosos los generales, partidarios de un golpe de Estado.

Le ha llegado al rey el momento de ejercer de árbitro, como se proponía al llegar. Pero ese momento es el que elige para «despedirse de la noble y desdichada España»: es decir, para abdicar. Las Cortes se dan por enteradas de la dimisión de Amadeo y proclaman la República por 258 votos contra 32. Amadeo se va de Madrid entre el estrépito de los petardos y en medio del regocijo popular.

Al pueblo le gustan los cambios de régimen y los festejos; los celebra siempre con la misma animación estrepitosa. Amadeo suspira de satisfacción. ¡Por fin Italia! En cuanto a los diputados de las Cortes, se miran estupefactos. Su propia mayoría los aplasta. No sabían que fueran tan republicanos. La verdad es que no pedían tanto.

«¿Para cuándo la República?», había preguntado Gambetta en un tono casi burlón al catalán Estanislao Figueras en una visita que le hiciera el año 1873. La respuesta fue precisa: «Para el mes de febrero.» Al día siguiente, Gambetta escribió a su amigo Castelar para enterarse de si Figueras estaba loco. Figueras estaba en su pleno juicio. En la fecha anunciada, era presidente de la República española.

Pero este hombre, inteligente y culto, no tiene madera de hombre de Estado, al menos como lo requerían las circunstancias Apenas nacida, esa República que nadie esperaba en serio Castelar confesaba que la Monarquía había muerto sin que nadie la matara, salvo la Providencia se encuentra rodeada de enemigos: los monárquicos partidarios de Alfonso, hijo de Isabel II, los republicanos opuestos al federalismo, sin contar los anarquistas y los carlistas que no cejan. Cuando hacía falta un jefe con mano de hierro o lo bastante prestigioso para que su solo nombre impusiera silencio a los adversarios, la República no proponía más que intelectuales bien intencionados pero ineptos para gobernar. A Figueras le sustituye Pi y Margall, teórico brillante y traductor de Proudhon.

Las Cortes le consideran blando y es reemplazado por Salmerón, filósofo y jurista. Salmerón tropieza con las dificultades de la reforma agraria, se niega a firmar el decreto que restablece la pena de muerte y él mismo propone, para sustituirle en el poder, a Emilio Castelar. Castelar, amigo de Gambetta, se le parece en un punto: su elocuencia tumultuosa y a veces enfática disimula una falta total de energía. Como todos los débiles, cree conveniente actuar con mano dura, lo cual no es del gusto de todos. Mientras él se esfuerza sinceramente por gobernar, se prepara un pronunciamiento.

El alma del mismo es el general Pavía. Una noche de enero de 1874, Castelar libra su último combate en las Cortes. Lo pierde. Las Cortes le retiran la confianza por 120 votos contra 100. A las seis de la mañana, un emisario del general Pavía conmina a la asamblea para que despeje el salón de sesiones. Los soldados invaden los pasillos. Fuera, Pavía espera su momento, que no tarda en llegar. Los diputados, que, en un gran arranque de indignación, habían jurado morir por la República, buscan las salidas. Embozada la cara con la capa, escapan entre la bruma helada de la madrugada invernal. Los escaños están vacíos. Y puede entrar Pavía.

Se forma un gobierno de transición entre la República que acaba de morir a los 327 días de una vida precaria y la Monarquía de que se habla. Pero ¿qué Monarquía? Las probabilidades de Alfonso, hijo de Isabel II, son grandes. Pero hay que preparar a la opinión. Mientras Serrano asesta el golpe de gracia a las tropas de don Carlos, Martínez Campos invita al ejército a pronunciarse por Alfonso. En el momento en que el príncipe, que está en París, sale del hotel Castilla para ir al teatro, le entregan un papel: «Señor, Su Majestad ha sido proclamado rey por el ejército español. ¡Viva el rey!» A los pocos días, Alfonso XII embarca en Marsella para Barcelona.

Declara a un corresponsal del Times: «Yo no soy rey de un partido.» ¿De qué partido hubiera podido serlo? En lo sucesivo, ninguna organización política, verdaderamente representativa, querrá ni podrá imponerse en España, al menos hasta 1931, cuando se proclama la Segunda República española que, por otra parte, será un conglomerado de partidos. No se puede calificar de sinceramente demócratas a Cánovas y a Sagasta. Tácitamente de acuerdo, se las arreglaron para alternarse en el poder frente a la oposición republicana y a la carlista.

En cuanto a los partidos de extrema izquierda socialistas y anarquistas, continuaron organizándose casi clandestinamente. Su trabajo, orientado en profundidad, preparaba un porvenir lejano. Pero su participación oficial en los grandes asuntos públicos y en la vida política era imposible. La monarquía alfonsina a la que se dio el nombre de Restauración practicaba una política esencialmente burguesa, mientras conservadores y liberales se repartían no sólo el poder, sino también las prebendas. Por la Puerta del Sol se pasean los «cesantes» funcionarios en disponibilidad, a la espera de que sus amigos vuelvan al poder y los repongan en las sinecuras de que dispone el partido que lo ostenta por el momento.

Es el «turno político», o, como dice el pueblo, «la política de la chuleta», que unas veces asan unos y otras otros. En provincias, la emanación del gobierno es el cacique, así llamado en recuerdo de los jefes indios que, en tiempos de la conquista, ponían a la disposición de los españoles su autoridad sobre los indígenas. Análogamente, en la España rural del siglo XIX, los administradores de las tierras, los prestamistas, todos los que tienen tratos con los que mandan, hacen votar a su clientela por el candidato del partido predominante.

¿Quién es el elector que se resiste a la orden del cacique que le da empleo o le presta dinero? El candidato, para estar seguro de la elección, tiene que contar con los caciques de su circunscripción, sin perjuicio del fraude electoral, que es habitual: urnas escamoteadas, votos de muertos y de niños de teta, papeletas preparadas de antemano… Así entiende el sufragio universal la conjunción capitalista de conservadores y liberales.

Sin embargo, puede decirse que a los ministros de Alfonso XII no les faltaba buena voluntad. La Constitución de 1876 lo demuestra. Libertad de palabra, libertad de conciencia, libertad de reunión, reconocimiento legal del matrimonio civil: disposiciones todas aparentemente muy liberales.

Pero en un artículo se establece que esas garantías constitucionales pueden ser suspendidas por el gobierno, el cual traspasará entonces el poder a los mandos militares de las regiones. Ahora bien, hay que decir que este artículo no llegó nunca a aplicarse en la España alfonsina, que pasó por un período de orden y de paz.

Pero problemas exteriores no faltaron. La Santa Sede está descontenta con España, tanto por la nueva Constitución, que estima demasiado tolerante, como por las manifestaciones en las calles con motivo de la muerte de Pío IX. En Argelia, las colisiones producidas entre los rebeldes árabes y los colonos españoles dan lugar at una viva reacción del gobierno de Madrid ante el de Francia.

Dos años después, las torpezas conjugadas de Alfonso XII y del presidente Grévy nublan una vez más el cielo franco-español. Alfonso hace una visita oficial a París, pero antes pasa por Alemania, donde asiste a unas grandes maniobras al lado del emperador Guillermo y de Moltke, vistiendo el uniforme azul claro de coronel bávaro. La fibra nacional de los franceses está en aquella época muy sensible, y ese rey de España que acaba de recibir el título de coronel de un regimiento de ulanos que se había cubierto de gloria en 1870 no les hace ninguna gracia.

Le reciben con silbidos y con gritos de «¡Abajo el rey ulano!» Grévy presenta excusas, pero huelen a protocolo. Al volver el rey a Madrid, le hacen un recibimiento entusiasta, gritando: «¡Viva el rey ulano!». Se habla de ciertos presentimientos populares. ¿Acaso el pueblo francés, primero, y el pueblo español, después, han adivinado que Alfonso XII, en su visita al emperador Guillermo, le prometió su alianza en caso de conflicto entre Alemania y Francia?

Alfonso XII casó en primeras nupcias con su prima Mercedes de Orleáns, hija del duque de Montpensier, y en segundas, con una archiduquesa austríaca, María Cristina de Habsburgo y de Lorena. Cuando murió el rey, víctima de la tuberculosis, a los veintiocho años, su esposa estaba encinta del futuro Alfonso XIII. Nombrada regente, lo fue durante quince años. El hecho más saliente de su regencia es la guerra y la pérdida de Cuba. Liquidación definitiva de lo que fue el inmenso imperio español, del que sólo quedaba la gran isla antillana y las Filipinas.

Desde hacía tiempo, Cuba soportaba mal la tutela española. En diversas ocasiones, los cubanos habían tomado las armas contra el gobierno local. Pero éste se había impuesto, brutalmente a veces, hasta que los Estados Unidos amenazaron con intervenir. Como demostración, echó el ancla en la bahía de La Habana el crucero americano Maine. A los pocos días, una explosión lo echó a pique. Los norteamericanos acusaron a los españoles de haber puesto una bomba en el barco. Los españoles lo negaron rotundamente. Pero el pretexto era magnífico para que los Estados Unidos declararan la guerra a España. El gobierno de Madrid recibió sin entusiasmo el ultimátum de Mac Kinley, pero lo aceptó con valor.

La escuadra española, mandada por el almirante Cervera, zarpó rumbo a Cuba, mientras el pueblo español, mal informado en cuanto a la relación de las fuerzas contendientes, creía segura la victoria. ¿Qué iban a hacer aquellos salchicheros contra el soldado más valiente del mundo? «¡Uno, dos, tres, se acabó Mac Kinley!», cantaban a grito pelado los madrileños. El resultado fue el previsto por los enterados. La flota española se dejó encerrar en el puerto de Santiago y sus barcos fueron destruidos uno tras otro por la artillería norteamericana.

La misma suerte sufrió en las Filipinas la escuadra del almirante Montojo. A los pocos meses, España firmaba un tratado de paz renunciando a Cuba y cediendo a los Estados Unidos Puerto Rico, la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas, y las islas Filipinas. De sus posisiones ultramarinas, ya no le quedan más que las Baleares, las Canarias, una estrecha zona en Guinea y tres posiciones marroquíes: Ceuta, Melilla e Ifni.